2018092412121856392La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha elaborado un estudio según el cual afirma que el gasto en el pago de las pensiones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se encarecerá en más de 1.000 millones de euros cada año hasta superar los 20.000 millones de euros en 2026. UPTA calcula en cerca de 700.000 el número de autónomos con 57 años o más que cesarán su actividad laboral en los próximos siete años.

Los datos los han valorizado en base a los cálculos realizados en función de las bajas definitivas en el sistema de pensiones procedentes del RETA y las altas de nuevos pensionistas en los primeros meses del presente año.

maxresdefaultSegún Eduardo Abad, presidente de UPTA, “el pasado mes de marzo en nuestro colectivo han causado baja definitiva del sistema de pensiones 8.224 beneficiarios y ha habido 9.091 altas en el mismo. Siguiendo esta progresión, a tenor de la edad actual de los afiliados al RETA y ajustando la proporcionalidad sobre las entradas y salidas del sistema de pensiones, llegamos a una preocupante conclusión: en 2026 tendremos aproximadamente 104.400 pensionistas más, lo que supondrá un encarecimiento de 1.028 millones de euros para el pago de pensiones”.

cos-1440x808Se trata de una conclusión similar a la del Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos que, en una ponencia reciente realizada con motivo de la presentación del libro «Una visión macroeconómica de los cuarenta años de la Constitución española», de José Luis Malo de Molina; señalaba que “el fenómeno del envejecimiento poblacional, que se ilustra con el hecho de que la tasa de dependencia (definida como el cociente entre la población mayor de 65 años y la que está en edad de trabajar), que al inicio del período constitucional estaba en torno al 16% y que actualmente se sitúa en el 25%, superará el 50% a mediados de este siglo. Los efectos de esta evolución demográfica se harán patentes en muchas áreas de la economía, al afectar a los patrones de consumo y de ahorro, generar una reducción de la fuerza laboral y, posiblemente, del ritmo de avance de la productividad, y, asimismo, poner a prueba la eficacia de las políticas de demanda para estabilizar la actividad”.

Para Hernández de Cos, «este envejecimiento poblacional generará −de hecho, está generando- una presión muy significativa sobre determinadas partidas del gasto público, y en particular de la rúbrica de las pensiones. a magnitud de estos retos hace que, en mi opinión, sea prioritario, en especial en estos ámbitos, alcanzar amplios acuerdos políticos para afrontarlos con prontitud y con decisión».

La necesidad de dar un giro radical al sistema

Con este contexto, desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos creen necesario “un radical cambio en el modelo productivo en el conjunto del país que permita incrementar la creación de actividades profesionales por cuenta propia, sustituyendo la cantidad por la calidad en el emprendimiento”.

Para contrarrestar la escasa incorporación neta de autónomos al sistema es necesario –según UPTA- dar un giro a las políticas que se desarrollan por parte de todas las administraciones; “marcar con urgencia una línea conjunta de iniciativas que estén perfectamente coordinadas entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas” porque, de lo contrario “los recursos e iniciativas están condenadas a fracasar”.

La confederación, constituida por 34 organizaciones territoriales y sectoriales, se muestra crítica que el actual sistema de incentivos a la puesta en marcha de actividades que se solapan entre administraciones. Además añade que no es productivo “continuar con esta locura colectiva por tratar de fomentar el autoempleo a base de subvenciones sin que se analice mínimamente la viabilidad de las mismas”.

Los autónomos promueven que el pilar fundamental para poder incorporar en el sistema trabajadores autónomos que puedan consolidar sus negocios, radica en una cualificación formativa que no arroje dudas sobre la profesionalidad del emprendedor, un plan nacional de relevo generacional y sistemas que permitan adaptarse a la denominada cuarta revolución industrial, “todos ellos son elementos claves y por los que urgentemente hay apostar”.

De este modo, calculan que “necesitamos un crecimiento mínimo de 20.000 autónomos netos anualmente para poder hacer sostenible el sistema de pensiones en estos próximos años” y, relevante, “tenemos que comenzar a reducir drásticamente la diferencia entre lo que se recauda en el RETA, unos 12.000 millones de euros anualmente y lo que se gasta, casi 19.000 millones”.

La entidad apunta a que “es hora de pasar de la palabra a los hechos y poner en marcha el sistema de cotización en función de ingresos reales, que por los cálculos que desde UPTA hemos realizado supondrán un incremento de 3.000 millones de euros en cotización adicional de aquellos autónomos que con ingresos netos superiores a los 30.000 euros al año están infracotizando en el sistema público”.